#Opinión 🖋️ II Rocha Moya, el desafío de los que se niegan a dejar el poder
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
Hay momentos en los que la permanencia de un gobernante deja de ser una expresión de estabilidad institucional y se convierte en un agravio público. El regreso del impresentable Rubén Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa pertenece, sin duda, a esa segunda categoría.
Después de permanecer 112 días separado del cargo, Rocha Moya decidió volver al Palacio de Gobierno como si las graves acusaciones formuladas en su contra fueran un asunto menor. Como si Sinaloa no llevara demasiado tiempo atrapado entre la violencia, el miedo y la sospecha. Como si bastara pronunciar un discurso, invocar el mandato popular y declararse inocente para recuperar la autoridad moral que hace mucho tiempo perdió.
No estamos hablando de un simple señalamiento partidista ni de una diferencia política. La justicia de Estados Unidos lo acusa de haber conspirado con una facción del Cártel de Sinaloa para facilitar el tráfico de drogas a cambio de sobornos y respaldo político. Rocha lo niega y, jurídicamente, conserva la presunción de inocencia. Pero esa garantía constitucional no elimina la responsabilidad política ni obliga a los ciudadanos a cerrar los ojos frente a la dimensión de las acusaciones.
La presunción de inocencia protege a una persona frente a una condena anticipada. No constituye, sin embargo, un certificado de honorabilidad ni una licencia para ejercer el poder sin rendir cuentas.
Rocha solicitó una primera licencia para permitir que las investigaciones se desarrollaran sin interferencias. Sin embargo, después de haber estado separado de sus funciones, decidió regresar cuando las indagatorias mexicanas continuaban abiertas y sin que la Fiscalía General de la República hubiera informado públicamente una conclusión definitiva que lo exonerara. Su reincorporación no despejó las dudas. Por el contrario, las multiplicó.
Al retomar la gubernatura recuperó, aunque fuera por unas horas, el control político del estado y el régimen de protección procesal asociado al cargo. Desde esa posición podía influir nuevamente sobre instituciones, funcionarios y estructuras administrativas relacionadas directa o indirectamente con hechos que todavía deben esclarecerse.
Lo ocurrido representa también un abierto desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobierno federal, la dirigencia nacional de Morena, legisladores y gobernadores emanados de la llamada Cuarta Transformación se deslindaron de la determinación de Rocha y dejaron en claro que se trató de una decisión personal. Algunos incluso le pidieron actuar con madurez, responsabilidad y reconsiderar su regreso.
Ese cierre de filas alrededor de la presidenta debe reconocerse. No es común que un movimiento político exhiba públicamente una ruptura de esta magnitud con uno de sus propios gobernadores. También debe valorarse que, al menos en esta ocasión, algunos integrantes del oficialismo hayan comprendido que la lealtad a una persona no puede colocarse por encima de la estabilidad del país y de la credibilidad de sus instituciones.
Al final, Rubén Rocha Moya terminó por ceder. Apenas un día después de reasumir la gubernatura, presentó ante el Congreso de Sinaloa una nueva solicitud de licencia temporal con carácter indefinido, por más de treinta días. Su repentina marcha atrás no borra la gravedad de lo ocurrido, pero sí confirma la magnitud del rechazo que provocó su regreso.
La presión del gobierno federal, el aislamiento impuesto por su propio partido, el deslinde de legisladores y gobernadores, y la indignación de una sociedad cansada pudieron más que esa enfermedad política que lleva a algunos hombres a aferrarse al poder aun cuando han perdido toda autoridad moral. Rocha quiso desafiar a todos y terminó absolutamente solo.
Si las investigaciones siguen abiertas, la Fiscalía debe informar cuál es su estado procesal, qué diligencias se han realizado y si existen elementos para proceder. La soberanía nacional no puede utilizarse como refugio frente a una acusación extranjera. México tiene la obligación de investigar con seriedad y transparencia.
No se trata de obedecer ciegamente a Washington. Se trata de impedir que la justicia mexicana siga convirtiéndose en una interminable sala de espera donde los expedientes políticamente incómodos envejecen hasta quedar sepultados.
Rocha Moya encarna una de las peores deformaciones del poder. La del político que confunde el mandato constitucional con una propiedad personal, que interpreta el cargo como un salvoconducto y que pretende que su sola palabra sea suficiente para borrar cualquier cuestionamiento.
Este lamentable capítulo nos hace recordar aquella frase atribuida a Don Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los hombres que mejor conocieron las reglas escritas y no escritas del sistema político mexicano: “Cuando has estado bajo los reflectores por demasiado tiempo, el sistema te ayuda a pasar a la sombra sin sobresaltos, si has respetado las reglas”.
La frase contiene una advertencia que muchos gobernantes se niegan a escuchar.
El poder tiene tiempos, límites y formas. Quien pretende conservarlo más allá de su momento termina convirtiéndose en rehén de aquello que alguna vez controló. La máxima alcanza a todos. A gobernadores, dirigentes, legisladores y también a quienes ocuparon la Presidencia de la República.
Por eso resulta inevitable preguntarse si el regreso de Rocha responde únicamente a su desesperación personal o si forma parte de una operación política más amplia.
La cercanía que mantuvo con Andrés Manuel López Obrador y su pertenencia al grupo político formado durante el sexenio anterior alimentan una sospecha legítima. ¿Estamos ante la decisión aislada de un gobernador acorralado o frente a otro intento del viejo poder por desafiar la autoridad de Claudia Sheinbaum?
Hasta ahora no existe evidencia pública suficiente para afirmar que López Obrador haya ordenado el regreso. Pero la duda no nace de la imaginación. Surge de la persistencia de personajes que todavía actúan como si el gobierno anterior no hubiera concluido y de una red de lealtades que pretende seguir condicionando las decisiones del presente.
López Obrador dejó la Presidencia, pero muchos de sus antiguos colaboradores y socios parecen no haber comprendido que también terminó su tiempo político. Continúan invocando su nombre, defendiendo sus silencios y comportándose como custodios de un poder que constitucionalmente ya no les pertenece.
La presidenta debe decidir si permitirá que su administración siga cargando con los excesos, omisiones y personajes cuestionados del pasado o si ejercerá plenamente el mandato que recibió. No basta ocupar Palacio Nacional. Hay que gobernarlo. No basta portar la banda presidencial. Hay que asumir las consecuencias de ejercer el poder sin tutelas, sin intermediarios y sin compromisos con quienes lastimaron la credibilidad de las instituciones.
México necesita una jefa de Estado que gobierne para todos, que no proteja a nadie por su filiación política y que comprenda que la justicia comienza precisamente donde terminan las complicidades. Una presidenta capaz de limpiar la casa, poner distancia frente a quienes confunden lealtad con encubrimiento y demostrar que ninguna herencia partidista estará por encima de la nación.
La historia ofrece pocas oportunidades para demostrar quién ejerce realmente el poder. Esta es una de ellas. Por tal motivo, desde este espacio editorial se lo reiteramos, presidenta Sheinbaum. Llegó el momento de abandonar las ambigüedades, cerrar definitivamente la puerta a las sombras del pasado y asumir, sin tutelas, la conducción plena del Estado mexicano.
El país no necesita otra administradora de lealtades. Necesita una presidenta.
“Todo hombre investido de poder se inclina a abusar de él y lleva su autoridad hasta donde encuentra límites”.
– Montesquieu, Del espíritu de las leyes –
