#Opinión ✒️ || LA LEY EN LA PENUMBRA: DE LA SEGURIDAD A LA EXTORSIÓN
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
En cualquier país civilizado, los llamados operativos antialcohol nacieron con el propósito de prevenir accidentes y salvar vidas. Hoy, en varias ciudades de Tamaulipas —especialmente en Ciudad Victoria— se han convertido en un terreno de ambigüedad jurídica, abusos y discrecionalidad, donde la prevención parece ser lo que menos importa.
Pocas cosas indignan tanto a la ciudadanía como ser víctima de la autoridad. Y más aún, cuando la supuesta aplicación de la ley se convierte en una trampa nocturna: un retén improvisado donde se confunden los límites entre la prevención y la extorsión.
No se trata de negar la importancia de prevenir accidentes provocados por el consumo de alcohol; nadie en su sano juicio podría oponerse a un programa que salve vidas. El problema radica en cómo se implementa y quiénes lo ejecutan. Lo que debió ser una política pública preventiva se ha transformado en un instrumento recaudatorio y, en no pocos casos, en un espacio de abuso e intimidación hacia el ciudadano.
Aunque la Ley de Tránsito para el Estado de Tamaulipas (reformada en julio de 2025) establece con claridad las competencias de las autoridades estatales y municipales, en la práctica ha surgido una doble estructura de mando. La norma reconoce la facultad de los municipios para organizar y regular el tránsito local, pero al mismo tiempo permite la intervención del Estado mediante esquemas de coordinación. Esa coexistencia, mal aplicada y poco transparente, ha generado una zona gris operativa que abre espacio a la discrecionalidad y, por tanto, al abuso.
En ese escenario de ambigüedad, la línea de coordinación se desvanece por completo. Mientras la ley ordena a los municipios operar sus cuerpos de tránsito “en armonía” con la legislación estatal, en los hechos esa armonía se traduce en un eco de mando donde nadie asume la responsabilidad plena.
Así, la Dirección de Tránsito Estatal, dependiente del Gobierno del Estado, interviene en operativos dentro de jurisdicciones municipales conforme a las facultades que la ley le concede. Sin embargo, no siempre se publican los convenios o acuerdos que detallen bajo qué esquema de coordinación actúan, lo cual vulnera el principio de transparencia administrativa.
Por su parte, el Código Municipal para el Estado de Tamaulipas señala que los ayuntamientos son responsables directos de la seguridad pública y del tránsito local. No obstante, esa autoridad se ve limitada cuando el Estado asume el control operativo o comparte funciones sin claridad jerárquica. En los documentos la norma parece clara; en la calle, los ciudadanos no saben si quien los detiene pertenece al municipio, al Estado o a una corporación “coordinada” que nadie identifica.
De acuerdo con el marco normativo, los operativos antialcohol deben realizarse en coordinación entre las autoridades de tránsito —estatales o municipales— y la Secretaría de Salud, responsable de proveer y calibrar los alcoholímetros. El objetivo, en teoría, es proteger la vida.
Sin embargo, lo que ocurre en la capital tamaulipeca discrepa mucho de ese mandato. Los testimonios ciudadanos son consistentes: retenes sin iluminación, elementos que se atraviesan intempestivamente frente a los vehículos, sin identificación visible, y conductores que aseguran haber sido insultados, amenazados o extorsionados con frases tan absurdas como intimidantes: “si no cooperas, le hablamos a los malos.”
Si la ley existe para proteger al ciudadano, ¿cómo justificar que sea precisamente en su nombre que se le ponga en riesgo físico y psicológico? Si un operativo dice ser preventivo, ¿por qué se realiza en la oscuridad, sin transparencia sobre sus ubicaciones ni protocolos claros? Y peor aún, ¿cómo explicar las persecuciones protagonizadas en colonias y fraccionamientos por patrullas y vehículos que los secundan sin rotulación oficial, que más que brindar seguridad, generan temor y pueden terminar en tragedia?
Otro punto crítico es el destino de los recursos recaudados por concepto de multas, arrastre y corralón. La Ley de Tránsito del Estado y las Leyes de Ingresos Municipales prevén que los pagos puedan realizarse tanto en cajas estatales como municipales, dependiendo de la autoridad que levante la infracción y del convenio de coordinación correspondiente. En la práctica, esto significa que el destino del dinero varía según la corporación interviniente, lo que abre un amplio margen para la discrecionalidad y dificulta la fiscalización ciudadana.
En Ciudad Victoria, los registros señalan ingresos millonarios anuales por infracciones y arrastre vehicular; sin embargo, no existe un desglose público que indique qué porcentaje corresponde al municipio, cuál se canaliza al Estado o cómo se aplican esos recursos.
El Reglamento de Tránsito Municipal de Ciudad Victoria, vigente desde 2007, ha quedado completamente rebasado. No contempla la figura del tránsito estatal ni las nuevas disposiciones de la ley. Aunque el ayuntamiento ha anunciado su intención de actualizarlo, la brecha entre la norma y la práctica sigue siendo enorme. Mientras tanto, el ciudadano continúa pagando multas que más parecen cuotas de paso que sanciones administrativas.
El discurso oficial repite que los operativos “salvan vidas”. Pero no existen estadísticas públicas que lo demuestren. Sin transparencia, cualquier operativo se vuelve sospechoso. Y más grave aún: los abusos no provienen solo del exceso de autoridad, sino del vacío de mando. Si un ciudadano es golpeado, intimidado o víctima de corrupción durante un operativo, ¿a quién debe acudir? ¿al municipio o al Estado?
La Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas debería ofrecer claridad en las funciones y responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Sin embargo, mientras la ambigüedad siga siendo regla y los límites del mando no estén definidos con precisión, las calles continuarán siendo terreno fértil para la confusión, la discrecionalidad y el abuso.
Es momento de que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos impongan orden jurídico y moral. Los operativos antialcohol deben permanecer, SÍ, pero bajo reglas claras: con identificación visible de todos los agentes, registro público de cada operativo, presencia obligatoria de personal de la Secretaría de Salud y transparencia total en el destino de los recursos.
No se trata de debilitar a la autoridad, sino de devolverle legitimidad y confianza ante la ciudadanía. La autoridad de tránsito, en cualquier nivel, debe ser un símbolo de orden y seguridad, no de miedo o desconfianza. Porque la autoridad que se esconde en la oscuridad para detener, extorsionar o amedrentar, no está cumpliendo con su deber: ABUSA.
Una patrulla sin identificación, un operativo sin justificación o un agente que actúa sin transparencia son síntomas de un sistema que ha perdido el rumbo. Cuando eso sucede, el ciudadano deja de ver en el uniforme a quien lo protege y comienza a percibirlo como una amenaza. Recuperar la legitimidad de la función pública exige reconstruir la confianza ciudadana mediante la transparencia, la rendición de cuentas y la profesionalización real de los cuerpos de tránsito.
La verdadera prevención no nace del miedo, sino de la autoridad que inspira respeto cuando actúa con legalidad, empatía y coherencia. Los operativos que deberían salvar vidas se han convertido, en muchos casos, en sinónimo de intimidación. Y cuando la sociedad teme más al agente que al conductor ebrio, algo profundamente grave ocurre con el Estado de Derecho.
La ley existe para proteger, no para someter; para garantizar derechos, no para servir como herramienta de presión o recaudación. Portar un uniforme no otorga poder sobre el ciudadano, sino una obligación moral y legal frente a él. Que la indiferencia no nos haga cómplices: solo una sociedad activa y organizada puede exigir que la ley se aplique correctamente y que la seguridad deje de ser un pretexto para la extorsión.
“Los abusos, aun en el Estado más sólido, son minas sordas que tarde o temprano estallan.”
– Joseph Sanial-Dubay –
