Aceptación presidencial, pero sin partido y descuido en la gestión
Por Morelos Canseco Gómez
Morena, el partido del gobierno, ha celebrado su reciente reunión de Consejo Nacional a instancias de la titular de la presidencia de la República, quien, a pesar de la licencia solicitada a su militancia en septiembre último, le formula un conjunto de recomendaciones sobre la conducta de las personas en cargos de dirigencia, representación popular o administrativos en los tres órdenes de gobierno. Ante las circunstancias que vive esa organización política, ha sido el parto de los montes.
No es una cuestión mexicana, sino mundial; quien ejerce el máximo cargo político en el Estado ha de asumir el liderazgo del partido al cual pertenece y que le respalda. Los reproches, llamadas de atención y recomendaciones de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo a cuadros y dirigentes de Morena mueven a la pregunta de ¿quién conduce realmente al partido? Y, más aún, ¿hay corrientes que conviven con la de la militante con licencia y ponen en duda la unidad del mando en quien asumió el ejecutivo federal en 1 de octubre de 2024?
El decálogo de la carta presidencial revela sus preocupaciones. El planteamiento ideológico es, cuando mucho, pobre o casi ausente; y las consideraciones sobre el momento político y los retos para la formación partidaria son apenas distinguibles y carecen de profundidad, si bien el contenido de algunos puntos merece registro. No me refiero a los elementos que la desmarcan de la “parafernalia del poder” o del turismo parlamentario, sino a los llamados a no utilizar recursos públicos para la promoción personal y a no realizar acuerdos con la delincuencia organizada o de cuello blanco. La carta condensa lo que ocurre en Morena a los ojos de quien la envía; es el reconocimiento de hechos, conductas y situaciones. Algunas son irregularidades, otros abusos y unas más presuntos ilícitos; la sociedad que observa lo tiene a la vista y sacará, en su momento, conclusiones. La cuestión más evidente e importante para la política es la convocatoria a la unidad y la afirmación de su valor para el partido.
Ese es el déficit más significativo. No es con misivas a la amalgama de pasados y de corrientes, donde destacan antecedentes en el PRI y el PRD, o a la dirigencia heredada del expresidente López, nepotismo incluido, como la organización partidaria podrá asumir el papel que ha imaginado la inquilina de Palacio Nacional, sino con decisiones que revelen que ha asumido el timón. Le transfirieron la presidencia en una elección con demasiadas ventajas y ausencia de equidad, pero no el partido. ¿Por qué no lo reclama para dar ese sustento a su gobierno, que además presenta la ausencia apreciable de la secretaria de Gobernación en las tareas políticas?
Quizás porque asume no necesitarlo a la luz de los resultados de las encuestas de opinión sobre la aprobación a su persona. En lo más reciente, Consulta Mitofsky le da 70.2 por ciento y El Financiero 81 por ciento. Es cierto que la valoración sobre la gestión de gobierno de esas mediciones muestra otra cara; en la primera 79.8 por ciento considera que hay corrupción en su gobierno y en la segunda 61 por ciento da una calificación negativa a la actuación para combatir la delincuencia organizada. En la encuesta de hace un mes de Latinus su aprobación fue del 80 por ciento, considerándose por el 64 por ciento que el principal problema del país es la inseguridad, en tanto que el 62 por ciento estaría a favor de investigar si el expresidente López tiene vínculos con el crimen organizado.
La alta aprobación de la Dra. Sheinbaum parece explicarse por dos componentes: la mejoría en los ingresos de las personas, particularmente por el aumento del salario mínimo y los subsidios vinculados a los programas sociales; y el respaldo ante las dificultades planteadas por el presidente estadounidense Donald Trump y el rechazo a las presiones que atentan contra la determinación nacional para actuar en lo interno y en lo externo.No hay duda de la prioridad gubernamental en estos dos frentes. En todo sentido, el ingreso laboral y el acceso a recursos presupuestales por segmentos de la población donde están las mayores necesidades se constituyen en la prioridad del gobierno. Cualquier opción política deberá asumir esa realidad, pues la permanencia de sus efectos económicos se ha convertido en requisito para ser escuchado y tratar de persuadir.
El respaldo por la convicción nacionalista de nuestra sociedad es nítido, pero no exento de riesgos para el gobierno, dada la incertidumbre de las conductas del mandatario estadounidense. Por razones que parecen obvias de dependencia y debilidad relativa no se le ha enfrentado y se ha cedido, pero las provocaciones han ido y regresado; la última, alrededor del planteamiento de involucrar al Ejército de nuestro vecino en el combate a los carteles de las drogas, que se hizo pública allá y acá motivó su uso para la retórica del pasado fin de semana en la gira de la Dra. Sheinbaum en el Estado de México. La declaración de vuelta de Trump no fue agradable y mejor se optó por desandar el descuido de llevar a la plaza, la propaganda y los medios lo que pertenece al intercambio diplomático.
Resbalón que se registra, junto al que parece haber pasado inadvertido, aún por las implicaciones para los órganos responsables de hacer valer la soberanía. El destructor USS Gravely de la Armada estadounidense, identificado en aguas internacionales contiguas al mar patrimonial mexicano a mediados de abril pasado, ingresó a aguas mexicanas y atracó en el puerto de Veracruz a finales de este mes sin la autorización para acceder al territorio nacional. En vez de hacerse la gestión ante el Senado (art. 76, fr. III, de la Constitución), la Secretaría de Marina pretendió justificarlo (Comunicado 20/2025) como la práctica normal de una operación de abastecimiento y descanso, ignorándose que toda embarcación extranjera -mercantil o de guerra- puede ingresar a las aguas nacionales en términos de lo dispuesto por la Constitución y el derecho internacional (art. 10 de la Ley Federal del Mar). Se vulneró el régimen constitucional tutelar de la soberanía. ¿Quién es responsable?
La aprobación cuenta y gana imagen, pero no brinda capacidad de gobierno ni liderazgo partidario, si no se trabajan una y otro.
