#Opinión || Arranca el proceso electoral y Morena adelanta sus piezas
Por Enrique Diez Piñeyro Vargas
El proceso electoral 2026-2027 ha comenzado oficialmente. El próximo 6 de junio estarán en disputa 17 gubernaturas, las 500 diputaciones federales, y miles de cargos locales. Mientras las cúpulas nacionales de la oposición continúan en su siesta esperando una señal para trabajar, Morena ya acomodó buena parte de sus piezas. El calendario institucional arrancó el 10 de septiembre; la disputa política llevaba tiempo en marcha.
Antes de concluir septiembre, el oficialismo definió sus 17 coordinaciones estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Todavía no son candidaturas registradas, pero perfilan a quienes buscarán encabezar las contiendas por los gobiernos estatales. El propósito electoral resulta evidente.
¿Cómo se permite construir semejante ventaja con tanta anticipación, bajo una denominación que pretende mantener a sus beneficiarios fuera de las obligaciones propias de una candidatura?
Ahí está una debilidad de nuestra vida electoral. Los partidos explotan los márgenes de interpretación del marco jurídico y las autoridades corren el riesgo de convertirse en figuras decorativas. Se discute el nombre del cargo mientras se posiciona a la persona y se ocupa el territorio.
Una designación interna no acredita, por sí sola, un acto anticipado de campaña. Pero cambiarle el nombre a una aspiración tampoco vuelve lícita cualquier promoción. El Tribunal Electoral exige examinar los mensajes y su contexto, incluso cuando no piden literalmente el voto, pero expresan un apoyo electoral inequívoco.
Hay herramientas jurídicas; deberían de aplicarse sin complacencias.
El marco legal está rebasado frente al gasto de estos procesos. Se requieren topes rigurosos, fuentes de financiamiento identificables y fiscalización férrea mientras ocurre la promoción. ¿Quién paga los recorridos, los eventos, la publicidad y la operación territorial? ¿Cuánto se gasta y qué intereses aportan ese dinero?
Cada peso debe tener origen identificable, destino comprobable y responsables que rindan cuentas. La vigilancia debe alcanzar aportaciones encubiertas, servicios pagados por terceros, intermediarios y posibles desvíos de recursos públicos. La autonomía partidista no puede servir de refugio al dinero de procedencia ilícita.
El riesgo es mayor ante recursos provenientes de la delincuencia organizada o redes de corrupción. Financiar una aspiración puede comprar protección, influencia y decisiones futuras. Las autoridades deben investigar inconsistencias, cruzar información y dar vista cuando existan indicios de delito. Esperar al registro de una candidatura para revisar quién pagó su ascenso puede significar llegar demasiado tarde.
Después vendrán las definiciones para diputaciones federales y locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. De concretarse la reproducción del mecanismo, veremos la misma simulación en una boleta distinta.
Morena presenta sus encuestas como garantía de legitimidad. El 29 de septiembre publicó resultados e informó que hubo mediciones en 16 estados y una definición por consenso en San Luis Potosí. Publicarlas permite revisar el ejercicio; no cancela las preguntas sobre los acuerdos políticos ni convierte cada decisión en democracia interna incuestionable. Una encuesta mide preferencias. La dirigencia decide qué consecuencias les concede.
En el balance general, la presidenta Claudia Sheinbaum gana terreno frente a grupos que consideraban su cercanía con López Obrador como garantía de acceso al poder. Los resultados permiten sostenerlo, aunque también revelan la fuerza de los gobernadores y los acuerdos con los aliados.
Chihuahua ofrece un ejemplo claro. Andrea Chávez, identificada con Adán Augusto López Hernández, quedó fuera frente a Cruz Pérez Cuéllar. Es un revés para ese grupo. No hace falta afirmar que el ganador sea un incondicional presidencial para advertir el significado político de la derrota.
En Quintana Roo, Rafael Marín Mollinedo, colaborador cercano de López Obrador, tampoco obtuvo la coordinación. Ganó Eugenio “Gino” Segura, vinculado a Mara Lezama y apadrinado por el Niño Verde. Coinciden el desplazamiento de un hombre del expresidente y el fortalecimiento local. En Nayarit quedó fuera Geraldine Ponce, también identificada con López Obrador, mientras Jasmine Bugarín favoreció también al partido del Tucán.
Sinaloa añade a Imelda Castro, con respaldo presidencial reportado y distanciamiento público del grupo afín al narco gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya. Pertenecer a los círculos del expresidente ya no parece suficiente para asegurar una candidatura.
Los gobernadores también hicieron valer su peso. Carlos Torres Piña representa al grupo de Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán; Lorenia Valles está identificada con Alfonso Durazo en Sonora, y Pablo Gutiérrez Lazarus con Layda Sansores en Campeche. Se suman Rosa María Bayardo, respaldada por Indira Vizcaíno en Colima, y Verónica Díaz, vinculada al grupo Monreal en Zacatecas.
Tampoco ganaron todos. En Baja California Sur, Víctor Manuel Castro perdió su apuesta por Milena Quiroga frente a Manuel Cota, patrocinado por el Verde; en Tlaxcala, Lorena Cuéllar la de Alfonso Sánchez García ante Ana Lilia Rivera. Guerrero matiza el balance presidencial, porque Esthela Damián, cercana a Sheinbaum, fue desplazada por Beatriz Mojica.
El poder presidencial también se expresa en las reglas, la conducción partidista y el arbitraje de conflictos. Puede ganar margen sin colocar un incondicional en cada estado. Pero hay concesiones. El Verde obtuvo posiciones relevantes y el PT quedó relegado, con inconformidades pendientes.
El balance apunta a una presidenta con mayor maniobra, obligada a negociar con otros centros de poder. Reconocer su avance tampoco significa otorgarle un cheque en blanco. Por eso la razón en seguir insistido en que debe desprenderse del lastre de López Obrador y su pandilla de impresentables. Las lealtades al expresidente no pueden funcionar como salvoconducto ni como derecho adquirido sobre cargos públicos.
La prueba será exigir cuentas, frenar cacicazgos y colocar la capacidad por encima de la protección política. Los gobernadores electos en 2027 influirán en la sucesión presidencial de 2030. Importa quién los impulsa y qué compromisos adquieren. Cambiar de patrocinador sin cambiar de prácticas apenas reorganiza el problema.
Hay decisiones difíciles de entender. Nuevo León es una. Morena vuelve a colocar a Clara Luz Flores Carrales, quien obtuvo el cuarto lugar en la elección de 2021. Ese antecedente no determina el resultado de 2027, pero obliga a preguntar qué cambió para convertirla nuevamente en la mejor opción.
A mi juicio, es una terrible designación. A simple vista, parece que Morena prefiere resolver sus acomodos internos antes que competir seriamente por esa gubernatura. Tendrá que explicar qué ofrece, además de un nombre que los ciudadanos ya rechazaron. O bien, que pacto pudiese existir por parte del gobierno federal con el gobernador Samuel García ante los múltiples señalamientos en su contra.
San Luis Potosí plantea otro escenario. Morena competirá por separado con Elí César Cervantes Rojas, frente a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, impulsada desde el partido Verde. En este estado no existirá una competencia real y se percibe como una candidatura de papel para facilitar la sucesión familiar.
Morena tampoco tiene asegurado el mapa electoral. En una lectura inicial, puede enfrentar un panorama complicado en entidades donde se renovarán gubernaturas como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Es una valoración política con riesgos distintos. Las fracturas internas, los escándalos de provenientes figuras de la 4T, el desgaste gubernamental y una buena organización opositora local pueden abrir las contiendas.
En entidades donde no se renovarán al titular del ejecutivo estatal encontrará mucha resistencia, tales como Coahuila, Durango, Guanajuato y Jalisco, gobernados por otras fuerzas políticas, según los cargos de cada calendario local. En estos estados sus liderazgos han demostrado ofrecer contrapesos cuando se organizan y trabajan.
También podrían encenderse alertas rojas en Colima, Hidalgo, Morelos, Puebla y Veracruz. Desde mi valoración, el desastroso desempeño de esas administraciones puede cargar electoralmente muchos negativos al oficialismo si el descontento encuentra alternativas. Quien gobierna mal compromete a quienes piden el voto bajo sus siglas.
Por tal motivo, el reclamo por la pasividad opositora va íntegramente a sus cúpulas nacionales, más ocupadas en conservar sus canonjías que en construir una opción competitiva. En los estados existen condiciones distintas y liderazgos capaces de organizar resistencia. Las dirigencias deben de escuchar al territorio y abandonar imposiciones de oficina. No pueden exigir resultados en las entidades mientras regatean apoyo o subordinan oportunidades a pleitos personales.
Criticar al gobierno no equivale a preparar su derrota. Denunciar imposiciones exige construir candidaturas respaldadas, documentar irregularidades y defender jurídicamente la competencia. La ciudadanía merece más que un refugio para desplazados del oficialismo.
Hemos insistido en que las elecciones requieren organización territorial, representantes capacitados y abogados defensores del voto. Exige escuchar, recorrer y permanecer después de la fotografía. Los liderazgos locales necesitan una conducción nacional que contribuya. Si esta obstaculiza, deberá asumirlo.
A la presidenta Sheinbaum le corresponde romper con el lastre obradorista que condiciona su gobierno; a las autoridades, aplicar la ley y fiscalizar con firmeza el origen y destino del dinero; y a las cúpulas nacionales de la oposición, despertar, asumir sus responsabilidades y respaldar a los liderazgos de sus estados. Cada quien tiene una obligación que cumplir. Ninguno puede seguir eludiéndola.
Morena se prepara para conservar el poder, pero encontrará territorios donde habrá resistencia y liderazgos capaces de disputárselo. Las cúpulas opositoras todavía tienen tiempo de despertar para organizarse, trabajar y fortalecer esas posibilidades. Lo que no tienen es derecho a desperdiciarlo y después pedirle a la ciudadanía que pague las consecuencias de su indiferencia.
“Para que no se abuse del poder, es necesario que le ponga límites la naturaleza misma de las cosas.”
– Montesquieu, Del espíritu de las leyes, libro XI, capítulo IV
