Desde 2018, México cuenta con una legislación ambiental que protege sus ecosistemas costeros, obligando a evaluar cualquier obra que pueda afectar playas, manglares y cenotes. Esta normativa, parte de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), busca evitar que proyectos en esas áreas escapen a la evaluación federal.
Origen de la legislación
La iniciativa fue presentada el 21 de febrero de 2013 por el entonces senador Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde. Su objetivo era definir claramente qué elementos componen los ecosistemas costeros para asegurar que los desarrollos en esas zonas se sometan a evaluación de impacto ambiental.
Entre los elementos incluidos en esta definición están:
- Playas
- Dunas costeras
- Acantilados
- Lagunas costeras
- Esteros
- Marismas
- Pantanos
- Ciénegas
- Manglares
- Cenotes
- Arrecifes de coral
- Pastos marinos
- Costas rocosas
La legislación establece parámetros de delimitación que abarcan desde aguas marinas de menos de 200 metros de profundidad hasta una franja terrestre de hasta 100 kilómetros hacia el interior.
Proceso legislativo y su impacto
La aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados se dio de manera unánime el 14 de octubre de 2014, pero no fue hasta abril de 2018 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Con esta modificación, se fortalecieron las herramientas de la autoridad ambiental y se establecieron obligaciones para los desarrolladores. Además, se permite que los ciudadanos puedan denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cualquier obra que afecte estos ecosistemas sin las autorizaciones adecuadas.
Hoy en día, esta reforma sigue siendo un pilar en la protección de las costas mexicanas y determina qué proyectos deben pasar por una evaluación ambiental federal antes de iniciar su construcción.
Fuente: El Financiero
