El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, solicitó formalmente al Senado de la República declarar la desaparición de poderes en Sinaloa. La demanda surge tras las graves acusaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan al gobernador Rubén Rocha Moya con presuntas labores de protección al grupo delictivo conocido como «Los Chapitos».
Según el líder partidista, la reciente solicitud de licencia de Rocha Moya es insuficiente para mitigar la crisis de gobernabilidad en la entidad. Romero argumentó que esta medida es necesaria para restaurar el Estado de derecho y garantizar condiciones de seguridad para las familias sinaloenses, ante una autoridad local que considera rebasada por el crimen organizado.
Implicaciones de la acusación en Estados Unidos
El conflicto escaló el pasado 29 de abril, cuando la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. La acusación señala su presunta participación en actividades de narcotráfico y sostiene que grupos criminales intervinieron en el proceso electoral de 2021 para favorecer al actual gobernador.
En consecuencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que el gobierno estadounidense ya ha solicitado la detención provisional con fines de extradición de los funcionarios señalados.
Cuestionamientos a la justicia mexicana
Jorge Romero lamentó que las investigaciones determinantes provengan de tribunales extranjeros y no de las instituciones nacionales. Para el dirigente de Acción Nacional, el caso trasciende la corrupción administrativa, pues sugiere la distorsión de la democracia mediante la intervención de la delincuencia.
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Intervención electoral: Se señala que el crimen organizado operó a favor de Morena en 2021.
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Inacción local: El PAN critica la falta de investigaciones previas por parte de autoridades mexicanas.
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Medida institucional: La desaparición de poderes se propone como la única vía legal para depurar el gobierno estatal.
La postura del partido opositor enfatiza que la protección de la integridad de Sinaloa requiere una intervención inmediata del Poder Legislativo Federal, rechazando que la separación temporal del cargo del gobernador resuelva el trasfondo de la crisis de inseguridad.
