La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, desmintió los señalamientos de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia «Maru» Campos, quien acusó una persecución política tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio. Durante su conferencia matutina, la mandataria federal precisó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no se debe al operativo contra el crimen, sino a la presunta colaboración ilegal con el gobierno de Estados Unidos.
Según la titular del Ejecutivo, la administración de Chihuahua operó fuera del marco de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional al permitir la intervención de agentes extranjeros en territorio nacional sin los protocolos correspondientes. «A nadie se le persigue si no hay pruebas», sentenció Sheinbaum.
El trasfondo legal: Soberanía vs. autonomía estatal
El conflicto escaló luego de que la gobernadora panista cuestionara el respaldo del Gobierno Federal hacia Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, mientras ella enfrentaba críticas por sus acciones de seguridad. Ante esto, la respuesta desde el Palacio Nacional y la dirigencia de Morena fue contundente: el foco no es el laboratorio, sino la violación a la soberanía.
Los puntos clave de la controversia son:
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Intervención extranjera: Se señala la participación de agentes estadounidenses en operativos locales sin autorización federal.
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Marco constitucional: La Ley de Seguridad Nacional reserva la relación con agencias extranjeras de seguridad exclusivamente al Gobierno de México.
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Investigación de la FGR: El Ministerio Público Federal abrió la carpeta de investigación por el desacato a estos lineamientos.
Acusaciones de traición a la Patria
Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, se sumó a los cuestionamientos contra la mandataria chihuahuense, calificando su narrativa como una mentira para evadir responsabilidades legales. Montiel enfatizó que el Gobierno de México ha desmantelado más de 2,500 laboratorios en el país sin necesidad de vulnerar el orden legal.
«El fondo es provocar la intervención de agentes extranjeros, violentando la Constitución. Eso es traición a la Patria«, manifestó Montiel, sugiriendo que la gobernadora debe ser juzgada por permitir que elementos externos operen en suelo mexicano de forma irregular.
El contraste con el caso Sinaloa
Maru Campos había denunciado previamente una supuesta disparidad de criterios, señalando que mientras a ella se le atacaba por «impedir que la droga llegue a las familias», a figuras como Rubén Rocha se les defendía a pesar de los señalamientos externos. Sin embargo, para el Gobierno Federal, el actuar de Chihuahua representa un quiebre institucional que obliga a la intervención de la Fiscalía para determinar responsabilidades sobre el manejo de la política exterior y de seguridad.
