Con una inversión que supera los 23 millones de pesos, Tamaulipas se consolidó como la cuarta entidad con mayor avance en la obtención del Certificado Único Policial (CUP) a nivel nacional. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que esta estrategia ha derivado en la entrega de más de seis mil constancias de capacitación, garantizando que los elementos operativos de la Guardia Estatal cumplen estrictamente con los estándares federales de competencia.
Carlos Arturo Pancardo Escudero, titular de la SSP, señaló que el cumplimiento de estas metas federales asegura que los cuerpos de seguridad cuentan con la formación técnica y ética necesaria para el ejercicio de sus funciones. La bolsa presupuestaria para este rubro combinó 13 millones de pesos de recursos estatales y 10 millones provenientes de fondos federales.
El proceso de validación fue supervisado por el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3), organismo que certificó a 2,605 elementos, incluyendo tanto a policías operativos como a personal del sistema penitenciario. Este proceso no solo evalúa conocimientos tácticos, sino que garantiza que los agentes mantengan un esquema de integridad y valores éticos alineados al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Durante el último ciclo anual, la formación se especializó en áreas de alta exigencia:
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Medicina Táctica y actualización para primeros intervinientes.
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Justicia para Adolescentes: Formación especializada para operadores del sistema penal.
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Protocolos de Traslado: Aplicación del protocolo nacional para la Policía de Investigación.
Enfoque en Derechos Humanos y Grupos Vulnerables
La reestructura de la capacitación policial en el estado puso especial énfasis en la proximidad social y la protección ciudadana. Se fortalecieron las unidades de Tránsito Estatal y Policía Procesal, además de implementar protocolos específicos para la atención de violencia contra las mujeres y feminicidios.
Bajo una perspectiva de derechos humanos y género, la Guardia Estatal busca reducir las brechas de atención en grupos vulnerables, alineando las tácticas de intervención con las exigencias de la procuración de justicia moderna. Estas acciones no solo refuerzan la estructura interna de la corporación, sino que proyectan una fuerza pública más capacitada para enfrentar los retos de seguridad en la frontera y el centro del estado.
