El senador morenista Enrique Inzunza rechazó de manera tajante las recientes acusaciones del Gobierno de Estados Unidos, que lo vinculan con presuntos delitos de narcotráfico y tráfico de armas. El legislador sinaloense calificó estos señalamientos como «falsos y dolosos», argumentando que se trata de una represalia política tras su defensa de la soberanía nacional frente a la actividad de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
Inzunza sostuvo que las imputaciones no solo buscan dañar su integridad personal, sino que forman parte de una estrategia para desestabilizar a la Cuarta Transformación, al partido Morena y al ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, reivindicó su origen en Badiraguato, Sinaloa, exigiendo el fin de las estigmatizaciones hacia su trayectoria profesional.
Ausencia en el Senado tras registro de asistencia
Pese a que el tablero electrónico del Senado de la República marcó su asistencia, el legislador no se presentó al pleno. Esta ausencia ocurrió en una jornada clave, ya que Inzunza forma parte de la lista de Morena para integrar la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Se esperaba que el senador rindiera protesta esta misma tarde para el nuevo periodo de sesiones; sin embargo, su desaparición de la zona de escaños generó incertidumbre en el recinto tras conocerse los detalles de la acusación formal en el extranjero.
Reacciones de la oposición: PAN exige cuentas
La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) utilizó la tribuna para cuestionar la situación del senador y del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien también figura en los señalamientos de Washington.
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Lilly Téllez: Celebró la actuación de las autoridades estadounidenses, afirmando que se ha comenzado a identificar a «mafiosos con nombre y apellido».
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Ricardo Anaya: El coordinador panista advirtió que su grupo parlamentario exigirá la comparecencia del gobernador Rocha Moya ante la Comisión Permanente.
Anaya enfatizó que, ante la existencia de una acusación formal por narcotráfico, es imperativo que las autoridades estatales y federales rindan cuentas sobre los vínculos señalados por la justicia estadounidense. El caso promete ser el eje central de las discusiones parlamentarias que iniciarán formalmente el próximo miércoles.
