Tamaulipas se consolidó como la entidad federativa con el mayor avance en seguridad a nivel nacional, impulsada por una reducción cercana al 70% en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego. Este avance permitió al estado escalar 19 posiciones en la medición anual, ubicándose como el décimo estado más pacífico del país, de acuerdo con el informe del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
A nivel municipal, la estrategia de seguridad coordinada por el gobernador Américo Villarreal Anaya posicionó a Ciudad Madero y Tampico como las dos demarcaciones con menos homicidios en todo el país, registrando uno y tres casos, respectivamente. Por su parte, Nuevo Laredo se colocó en la decimotercera posición nacional con 11 homicidios reportados durante el periodo evaluado.
El panorama de la seguridad en los estados mexicanos
Detrás de Tamaulipas, las entidades que reportaron los avances más significativos en sus indicadores de convivencia y seguridad fueron:
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Guerrero
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Durango
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Coahuila
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Yucatán
De forma consecutiva por noveno año, Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico de la República Mexicana. El grupo de las cinco entidades con mejores condiciones de seguridad lo completan Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.
Tendencia nacional del Índice de Paz
El comportamiento general de México muestra su mayor optimización estadística en una década. Durante 2025, la paz en el territorio nacional mejoró un 5.1%, lo que representa el sexto año consecutivo de avances tras un cuatrienio de deterioros constantes en los indicadores del IEP.
La tendencia positiva se distribuyó de manera generalizada en el mapa político. Un total de 22 estados registraron mejoras en sus evaluaciones de paz el año pasado, mientras que solo 10 entidades federativas presentaron retrocesos en sus métricas de seguridad.
Las metodologías aplicadas para este diagnóstico provienen del IEP, un centro de investigación independiente y apartidista enfocado en medir la paz como un indicador del bienestar social global. El panorama actual refleja que las políticas locales de control del delito y pacificación regional comienzan a integrarse de manera medible en los balances nacionales de desarrollo.
